La Reforma Procesal Penal ha significado un aumento, a estas alturas indiscutible, e impresionante en el número de personas condenadas y privadas de libertad en nuestro país. Valga, aunque ya suene majadero, recordar que Chile hoy tiene cerca de 100.000 personas condenadas, de las cuales 50.000 aproximadamente, se encuentran privadas de libertad. Este “encarcelamiento masivo” ha tendido y, lo más probable, va a tener un efecto devastador en las familias y en las comunidades. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuál es el efecto, el costo, que hoy se genera en las familias, en los hijos, en las comunidades, en el desarrollo social y económico, el desgate generacional que produce una política de encarcelamiento tan exacerbado como el que hoy tenemos.
Si bien el castigo –la privación de libertad- es una pena que siempre ha estado con nosotros –al menos desde que somos República-, sólo a partir de la implementación de la Reforma Procesal Penal; el cambio del discurso político hacia una mayor dureza por las sanciones penales y, además, el déficit en el control judicial sobre el ius puniendi, provocado, a mi juicio, por un exacerbado temor y respeto hacia la prensa y la crítica hacia la función contramayoritaria que deben tener los jueces, ha degenerado en que hoy día tengamos más personas privadas de libertad, entre otros factores sociales y criminológicos, por cierto.
El riesgo que uno advierte, por el momento soterrado e indeciso, pero que con un gobierno de la derecha uno pudiera pensar que puede acrecentarse, es que se cambie de foco desde la reinserción y la rehabilitación social hacia la mera retribución y la inocuación, acrecentando aún más el numero de presos, con el costo social que ello implica.
Lo interesante de todo esto, salvo para quienes no quieran verlo, es que este “encarcelamiento masivo” ha tenido un impacto, a su vez, en el sistema de justicia criminal en su conjunto. Hoy día el sistema de justicia criminal funciona bajo una presión y una carga de trabajo, además con una exposición mediática sin precedente que ha acrecentado la sobre utilización del sistema penal.
Si bien el castigo –la privación de libertad- es una pena que siempre ha estado con nosotros –al menos desde que somos República-, sólo a partir de la implementación de la Reforma Procesal Penal; el cambio del discurso político hacia una mayor dureza por las sanciones penales y, además, el déficit en el control judicial sobre el ius puniendi, provocado, a mi juicio, por un exacerbado temor y respeto hacia la prensa y la crítica hacia la función contramayoritaria que deben tener los jueces, ha degenerado en que hoy día tengamos más personas privadas de libertad, entre otros factores sociales y criminológicos, por cierto.
El riesgo que uno advierte, por el momento soterrado e indeciso, pero que con un gobierno de la derecha uno pudiera pensar que puede acrecentarse, es que se cambie de foco desde la reinserción y la rehabilitación social hacia la mera retribución y la inocuación, acrecentando aún más el numero de presos, con el costo social que ello implica.
Lo interesante de todo esto, salvo para quienes no quieran verlo, es que este “encarcelamiento masivo” ha tenido un impacto, a su vez, en el sistema de justicia criminal en su conjunto. Hoy día el sistema de justicia criminal funciona bajo una presión y una carga de trabajo, además con una exposición mediática sin precedente que ha acrecentado la sobre utilización del sistema penal.
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